La compañía minera Chinalco, operadora del megaproyecto de cobre Toromocho, en Junín, deberá detener las demoliciones que realiza sobre la infraestructura urbana de la antigua ciudad de Morococha luego de que el Poder Judicial así se lo ordenara el último 29 de enero.

La orden de cese también fue notificada ayer al Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha (FADDIM), organización conformada por los vecinos de la ciudad, que solicitó esta medida cautelar a comienzos de año y que el mismo 29 se manifestó en La Oroya para reclamar mayor celeridad en el caso.

Como se sabe, Chinalco y la comunidad morocochana vienen disputándose por la vía judicial la propiedad de un terreno de 34 hectáreas sobre el que se encuentra la antigua ciudad y donde aún residen 60 familias.

Este amplio predio fue expropiado al municipio distrital en febrero de 2018 a solicitud del Viceministerio de Minas y cayó en manos de la empresa estatal Activos Mineros SAC. El 17 de abril de ese año, la compañía del Estado peruano transfirió las 34 hectáreas a Chinalco por 5,9 millones de soles. Los morocochanos cuestionan la rapidez y la validez de estos actos jurídicos que, en los papeles, los despojan de sus tierras.

Ya con el terreno inscrito a su nombre en los registros públicos, Chinalco pronto inició una serie de demoliciones sobre los antiguos espacios urbanos, los edificios municipales y las viviendas de la localidad, a pesar del uso que aún le daban los vecinos que hoy viven entre sus escombros. Hoy casi toda la ciudad está destruida.

El conflicto

Los morocochanos y Chinalco protagonizan un conflicto socioambiental desde hace más de seis años, ya que Chinalco pretende explotar los suelos donde todavía subsiste este antiguo pueblo minero. Para conseguir este objetivo, en octubre de 2012 la empresa inició un proceso de "reasentamiento voluntario" con la población, que implica acuerdos individuales para trasladarlos a una nueva ciudad que construyó a 12 kilómetros: Nueva Morococha (Carhuacoto).

Aunque cerca de 5 mil habitantes han abandonado el lugar desde entonces, todavía residen en él cerca de 60 familias que aún no llegan a un acuerdo de traslado con la transnacional china. Rossy de la Rosa, vicepresidente del FADDIM, afirma que los vecinos exigen una compensación justa, un pago digno por sus viviendas y una reubicación en un lugar distinto a esta Nueva Morococha.

Vecinos que aceptaron mudarse ya se han pronunciado sobre la falta de dinámica económica y de oportunidades laborales en esa nueva localidad. En efecto, eso se ve en un su mercado de abastos. Un comerciante local indica que solo hay cinco negocios activos en ese edificio que tiene construidos 100 puestos de venta. "En la antigua Morococha éramos 280 comerciantes", afirma.

Por otro lado, también se afirma que la ciudad propuesta para el traslado tiene problemas de orden físico. "Esa zona donde han reubicado al 98% de la población es una zona de bofedal, húmeda, y eso está sustentado técnicamente”, señala de la Rosa en alusión a un informe técnico del Ministerio de Vivienda desarrollado en 2011. Según este documento, en el lugar donde luego se construyó esta nueva ciudad se identificaron riesgos sísmicos, de hundimientos de suelos y de inundación, pues se encuentra a poca distancia de una relavera que se sostiene con un dique artesanal, advierte.

Ahora, la noticia de la admisión de la medida cautelar y el cese de las demoliciones ha dado un respiro a la población de la antigua Morococha, pero no uno completo. En efecto, aún queda pendiente que el Poder Judicial resuelva si el suelo donde han vivido desde mucho antes de la llegada de Chinalco aún les pertenece.

En los últimos días, la municipalidad de Morococha les ha notificado que desde este 30 de enero ya no es más la titular del suministro eléctrico del sector, sino Chinalco. La electricidad del pueblo depende ahora, entonces, de la misma compañía con la que los vecinos deben negociar su acuerdo de "reasentamiento voluntario".